Resumen: La controversia litigiosa radica en determinar si, como consecuencia de la aplicación de la nueva estructura retributiva regulada por la DA15ªLey 15/2012 de las Islas Baleares, el actor, que presta servicios laborales para una fundación del sector público instrumental, tiene derecho a incrementar el salario que percibía antes de la nueva estructura retributiva. El demandante reclama que le abonen los complementos de responsabilidad, dificultad técnica y penosidad con la misma cuantía que otro trabajador de la misma fundación que realiza funciones esencialmente iguales y que percibe esos tres pluses con cuantías superiores al actor. Argumenta el TS que la finalidad de la DA15ª era la de hacer frente al déficit público mediante la racionalización del régimen retributivo de ese personal. Se estableció la obligación de adaptación de la estructura profesional y del régimen retributivo de todas las entidades del sector público instrumental de las Illes Balears. El apartado 3.4 de la DA15ª impide que la aplicación del nuevo régimen retributivo suponga un aumento salarial. La instauración del nuevo régimen retributivo no puede conllevar un incremento del salario. No se ha vulnerado el derecho a la igualdad del art. 14 de la Constitución, al existir justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato.
Resumen: Nulidad de la cláusula de imposición de gastos e impuestos al consumidor. Distribución de los gastos tras la declaración de abusividad. Allanamiento parcial del banco al recurso de casación (en concreto, respecto a los gastos de gestoría y tasación). Gastos de notaría y actos jurídicos documentados. Una vez es declarada nula y dejada sin efecto, por abusiva, la cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario consumidor, el tribunal debe entrar a analizar a quién, con arreglo a las reglas legales y reglamentarias, corresponde satisfacer cada uno de los gastos cuestionados. En cuanto a los gastos de notaría, se deben satisfacer por mitad los gastos que genera el otorgamiento de la escritura inicial, y los de la de modificación. En cambio, los de la escritura de cancelación son a cargo exclusivamente del prestatario. por lo que respecta a las copias de las distintas escrituras notariales relacionadas con el préstamo hipotecario, deberá abonarlas quien las solicite. En cuanto al impuesto de actos jurídicos documentados, la declaración de nulidad de la cláusula relativa a los gastos no puede conllevar la atribución de todos los derivados de dicho impuesto al banco prestamista, pues, con matizaciones examinadas por la jurisprudencia, el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo es el prestatario. Costas en procesos con consumidores: los principios de no vinculación y de efectividad del Derecho UE conducen a su imposición al banco
Resumen: Reproducción de la doctrina sobre novación de cláusulas suelo y renuncia al ejercicio de acciones futuras. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo, aparece redactado de forma clara y comprensible y las consecuencias jurídicas y económicas que suponen la aplicación de un interés remuneratorio a tipo fijo, sin suelo, son fácilmente comprensibles por un consumidor medio. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, que es abusiva porque el predisponente no había facilitado al consumidor la información sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de dicha renuncia, y tal información era necesaria para considerar que la renuncia fue fruto de un consentimiento libre e informado, conforme a los criterios sentados por el TJUE. Se declara la validez de los acuerdos novatorios que suprimieron la correspondiente cláusula suelo y la nulidad de la cláusula de renuncia de acciones, por lo que procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de las cláusulas suelo iniciales, hasta la suscripción de los acuerdos novatorios.
Resumen: Recurso de casación admisible: se identifican las normas legales infringidas y la jurisprudencia vulnerada y existe interés casacional. Reiteración de la doctrina jurisprudencial de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso: i) el acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a las siguientes circunstancias: fue adoptado cuando ya se había publicado la STS 241/2013, de 9 de mayo y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo y las exigencias de transparencia; redacción clara e inteligible para un consumidor medio; facilidad de comprensión de las consecuencias jurídicas y económicas (aplicación de un interés remuneratorio a tipo fijo, con indicación del importe de la cuota resultante), para un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede la restitución a los demandantes de las cantidades indebidamente abonadas en aplicación de la cláusula suelo contenida en el préstamo hipotecario hasta la fecha de entrada en vigor del acuerdo novatorio, que se declara válido. Inexistencia de renuncia de acciones. Costas procesales: se mantiene la imposición al banco demandado de las costas de primera instancia en aplicación de la STJUE de 16 de julio de 2020 (asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19).
Resumen: Demanda de nulidad de cláusula de gastos y de devolución de las cantidades abonadas por su aplicación. Estimación parcial en primera instancia, declarando la nulidad de la cláusula con la devolución de gastos, en la forma determinada en la sentencia, sin imposición de costas. Recurrida en apelación, la Audiencia Provincial desestima el recurso del actor y estima parcialmente la impugnación de la entidad bancaria demandada, condenando a la actora al abono de las costas originadas por la formulación de su recurso de apelación. La Sala, con estimación del recurso, reitera que estimada la acción de nulidad por abusiva de la cláusula de gastos, multidivisa, vencimiento anticipado, e intereses moratorios, aunque no se estimen la totalidad de las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o la totalidad de las pretensiones restitutorias, procede la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado conforme a la doctrina del TJUE.
Resumen: Demanda de nulidad de la cláusula que atribuía al prestatario el pago de todos los gastos de formalización del préstamo contenida en la escritura de formalización de contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito entre las partes. En primera instancia se estimó en parte la demanda, declaró la nulidad de referida cláusula y, por razón de estimación parcial de la demanda, no impuso las costas procesales de primera instancia. La entidad demandada interpuso recurso de apelación y la sentencia de la Audiencia Provincial lo estimó en parte. Confirmó la declaración de nulidad de la referida cláusula sobre gastos y no realizó mención especial sobre las costas procesales de ambas instancias. Reiteración de la doctrina contenida en STS 994/2023, de 20 de junio. Las exigencias previstas en la Directiva 93/13/CEE y los principios de no vinculación y de efectividad del Derecho de la Unión Europea, en los términos en que han sido interpretados por nuestras sentencias, en especial la STS 35/2021, de 27 de enero, y la sentencia de Pleno 418/2023 de 28 de marzo, conducen a que, estimada la acción de nulidad por abusiva de la cláusula suelo, gastos, multidivisa, vencimiento anticipado, o intereses moratorios, aunque no se estimen la totalidad de todas las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o la totalidad de las pretensiones restitutorias, procede la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado de acuerdo con el TJUE.
Resumen: Motivo de casación inadmisible: la sentencia recurrida no se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre aplicación de la doctrina de los actos propios en estos litigios (el consumidor no puede quedar vinculado por el consentimiento prestado a una cláusula de renuncia de acciones predispuesta declarada nula). Reiteración de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La novación pactada no dejó sin objeto la acción de nulidad de la cláusula suelo, pues ésta provoca efectos restitutorios ex tunc y la novación sólo efectos ex nunc. En el caso: i) el acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a las siguientes circunstancias: fue adoptado cuando ya se había publicado la STS 241/2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; redacción clara e inteligible para un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento (eliminación de la cláusula y aplicación de un interés fijo); ii) nulidad de la cláusula de renuncia de acciones: carácter abusivo por falta de transparencia, ya que no se acredita haber facilitado al consumidor la información exigible sobre las consecuencias jurídicas y económicas. Costas procesales: aunque la demanda ha sido estimada en parte, procede mantener la condena en costas de primera instancia en aplicación de la doctrina contenida en la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020.
Resumen: La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si procede la imposición de costas a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en un proceso en el que se impugna la decisión de la administración autonómica en materia de determinación del grado de discapacidad. Razona la sentencia apuntada que las entidades gestoras de la seguridad social son las únicas que tienen reconocida la justicia gratuita y éstas se identifican con las que el legislador ha señalado y denominado como tal -art. 66LGSS y ss-, no siendo posible que se otorgue la misma condición a otros organismos aunque actúen en el mismo marco competencial que aquellas, por virtud de los servicios transferidos, y aunque lo sea en materia que, en parte, pueda estar conectada con el sistema de prestaciones de seguridad social. Esto es, cuando se resuelve por los órganos competentes de las comunidades autónomas el reconocimiento de un grado de discapacidad, aquellos deberán sufragar las costas procesales no generándose tal condena en los procesos judiciales en los que se impugnan, en similar procedimiento administrativo, las resoluciones emitidas por los órganos del IMSERSO en Ceuta y Melilla. Tratamiento procesal diferente que proviene de la propia naturaleza del órgano que la ha dictado y el régimen jurídico que el legislador ha establecido.
Resumen: Acción de nulidad de cláusula de gastos en préstamo hipotecario. Al allanarse el banco, que sin embargo no atendió el previo requerimiento extrajudicial, la sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda, pero sin imponer las costas a dicha entidad, pronunciamiento sobre costas que fue confirmado en apelación. Costas en procesos con consumidores: se reitera la doctrina de que "(e)l requerimiento que determina la existencia de mala fe en la entidad financiera que no accede a satisfacer lo que se le exige (y que conlleva su condena en costas aunque posteriormente se allane a la demanda) es aquel que es apto para evitar el litigio, porque da a la requerida la oportunidad real de satisfacer extrajudicialmente la pretensión que se le formula, de modo que, si no lo hace, pone al consumidor en la necesidad de acudir a los tribunales para desvincularse de la cláusula abusiva". En consecuencia, las exigencias de los principios de no vinculación y de efectividad del Derecho de la UE implican que no recaigan en el consumidor sino en el banco estas costas del procedimiento que se vio obligado a seguir para obtener la declaración de nulidad y no vinculación de una cláusula abusiva.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar cuál es el módulo del salario mínimo interprofesional ( SMI) al que hay que atender para establecer los límites de responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial en el caso de extinción de contratos de trabajos de una empresa concursada; en concreto si es el vigente a la fecha de extinción y declaración de concurso (año 2012), postura del Fogasa, o la anualidad en que se produjo la emisión de la certificación de la Administración Concursal con la consiguiente inclusión del crédito del trabajador demandante en la lista de acreedores del concurso (año 2019). La Sala IV reitera doctrina que establece que el SMI que ha de servir de módulo para las cantidades a abonar por el FOGASA cuando la extinción del contrato es previa a la declaración del concurso es el de la certificación de créditos por el administrador concursal. La responsabilidad del Fogasa se activó cuando el administrador concursal certificó el reconocimiento al demandante de un crédito laboral de carácter concursal en la lista de acreedores, momento en el que se incluyó el crédito indemnizatorio en la lista de acreedores, y es aplicable, por consiguiente, lo dispuesto en la regla tercera del art. 33.3 ET. Y ello porque la declaración de insolvencia, a partir de la que surge la responsabilidad del organismo, en el seno del concurso se establece en el momento en que el crédito es reconocido por la administración concursal e incluido como tal en la lista de acreedores.
